Recientemente el Alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha retado a los cuatro grupos políticos municipales para abordar las conclusiones del Estudio Económico Financiero presentado recientemente por el Equipo de Gobierno del Pacto.
Isabel María Sánchez Ruiz, portavoz del Grupo Municipal Popular, acepta el debate que propone el Sr. Alcalde, siempre y cuando presente un informe de los servicios de Intervención Municipal o de la propia Intervención General del Estado que avale la deuda presentada recientemente por el Equipo de Gobierno del Pacto.
Sánchez manifiesta que se trata de un análisis subjetivo y partidista al servicio de sus intereses políticos, y que lo que han presentado es un simple informe que nada tiene que ver con una auditoria que refleje fielmente la realidad económica y financiera de este Ayuntamiento.
El PP solicitará durante el debate que se den explicaciones sobre los más ocho millones gastados por el Equipo de Gobierno durante los primeros 6 meses de esta legislatura y asegura que de mantener ese ritmo de gasto superarán con creces los 180.000.000 millones de euros, que vienen pregonando.
La "auditoria" presentada es una cortina de humo para tapar la nefasta gestión de su gobierno y sus peleas continuas por el poder, así como para avalar las mentiras de la campaña electoral del PSOE.
Este debate es otra burda estrategia a la que nos tiene acostumbrado este Equipo de Gobierno del Pacto, con el mayor número de concejales liberados, para justificar la brutal subida de impuestos que llevan esta noche al pleno extraordinario, única iniciativa en la que se han puesto de acuerdo en una año y medio de gestión, aparte de distribuirse sillones, sueldos y nóminas.
Recordar por último que este estudio, contrario a lo que defiende la Concejal socialista de Hacienda, ha costado 20.000,00€ (6.400€/mensuales) a las arcas municipales, se aportan documentos que acreditan las mentiras de la Concejal y su jefe de filas, un informe hecho a medida de sus mentiras y que no se trata de una auditoria real dentro del marco legal además de incumplir el mandato del pleno por el cual se encargaría el departamento de Intervención Municipal de dichos trabajos, al igual que se hizo en la anterior legislatura.