Es falso, asegurar que se cause un daño irreparable a los propietarios de gran número de viviendas en suelo urbano. Desde el PSOE, únicamente se plantea la cuestión de las alturas desde el punto de vista del propietario, pero no del usuario ni de los ciudadanos en general. Habría que recordar que fue el mismo PSOE quien estando en el gobierno en el año 1993, a través de una modificación de las Normas Subsidiarias, realizó una sustancial reducción de alturas en el Casco Antiguo, dejando edificios existentes en situación de fuera de ordenación. ¿En aquel momento, esa medida no supuso ningún perjuicio para los propietarios?.

Contrariamente a lo manifestado, dado que al finalizar el PGMO se procederá muy posiblemente a la revisión catastral de los inmuebles, en caso de mantener las alturas de tres plantas y ático en zonas en que actualmente se encuentra consolidadas con edificaciones de planta baja y dos plantas (Los Frailes, Casas Baratas, la Era Alta, las Peras…), estas se valorarían y en consecuencia tributarían por una edificabilidad que en múltiples casos no se tiene intención de agotar.

De hecho, es incorrecto que se hable de rebaja de alturas, cuando lo que se propone es la adecuación de las alturas proyectadas a las de las construcciones realmente existentes.

Cuando en un periodo de casi cuarenta años en buena parte del Casco Urbano, no se han materializado las previsiones de las Normas Subsidiarias, queda patente que dichas previsiones resultaban excesivas y no es algo que demanden los ciudadanos.

No se ajusta a la Ley la afirmación de que en una construcción en situación de fuera de norma no se pueda hacer ningún tipo de obra que suponga cualquier tipo de mejora.

La Ley de Ordenación del Territorio Urbano de la Región de Murcia (LOTURM), en el artículo 112.5 establece que "en edificios fuera de norma se pueden admitir usos, actividades económicas y obras de ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto normativo que determina la disconformidad, sin que estas obras incrementen el valor a efectos de expropiación."

Desde la entrada en vigor de la citada LOTURM, se han concedido de conformidad con el criterio de los servicios técnicos y jurídicos, licencias a diversas construcciones en situación de fuera de norma que suponen obras de mejora de estas. A modo de ejemplo, en el centro de Murcia, la mayoría de los edificios se encuentran en situación de fuera de norma por exceso del número máximo de plantas permitido.

Tampoco es ajustado a la realidad, la afirmación de que los promotores no vayan a invertir en dichas zonas, debido al número máximo de plantas establecido. A modo de ejemplo, las dos principales actuaciones llevadas a cabo en los últimos 30 años (El Parral y la Ramblica), se encuentran desarrollados en su inmensa mayor parte en promociones de dos plantas de altura. Mientras que las inversiones realizadas en barrios en los que el número de plantas permitido era de tres plantas y ático han sido muy escasas. Las promociones de los últimos años durante el boom inmobiliario, se encuentran en su mayor parte en situación de abandono.

Es el sobredimensionado de las alturas lo que ha provocado un encarecimiento artificioso del suelo, que ha llevado a la falta de regeneración de los inmuebles y en consecuencia al envejecimiento de los barrios. Ajustar las alturas del planeamiento a las existentes, conllevará que un mayor número de familias puedan acceder a la propiedad del suelo y a la realización de nuevas construcciones para la regeneración de los barrios.

De nuevo se mezclan derechos de los vecinos con derechos de los propietarios, sin aportar alternativa alguna. Desde el año 2013, cuando el 20 y 21 de mayo, el PSOE y el Presidente de CEBAG se levantaron de la Mesa de Trabajo abandonando cualquier intención de llegar a acuerdos y consenso con el resto de participantes, ha habido tiempo más que de sobra para que propongan una alternativa viable a la adecuación de las alturas con el fin de dar solución al grave déficit de Sistemas Generales que afecta al Casco Urbano. La solución aportada es la más equilibradas entre los derechos de los actuales propietarios y el interés general. Reiteramos nuestro compromiso en apostar por un modelo de "Urbanismo Humano", en el que primen los derechos de las personas y en que la vivienda no sea un elemento especulativo para los intereses particulares.