La comisión de investigación sobre las supuestas alegaciones falsas del Plan General Municipal de Ordenación de Totana se ha reunido, por vez primera, dando cumplimiento al acuerdo plenario con el fin de desarrollar trabajos que permitan aclarar la autoría de éstas.

El Pleno municipal aprobó el pasado mes de abril la creación de esta comisión, de cuyos trabajos y conclusiones habrá que dar cuenta más adelante en el órgano plenario.

La comisión está presidida por el alcalde, Juan José Cánovas, integrada por un miembro de cada uno de los grupos municipales, y asistida por el secretario general de la Corporación municipal.

En el mismo acuerdo se decidió trasladar los trabajos realizados por la comisión de investigación al Ministerio Fiscal por si en su caso los hechos pudieran ser constitutivos de delitos.

Los corporativos analizaron los informes técnicos realizados por los trabajadores municipales en esta materia, de los que se desprenden que finalmente fueron 2.708 personas las que presentaron, en este proceso, un total de 16.146 alegaciones.

De éstas, 2.210 alegaciones eran coincidentes con el padrón municipal, que registraron 13.196 alegaciones. Según el mismo estudio, un total de cuatro menores de edad presentaron 32 alegaciones y 29 fallecidos habrían registrado 201 alegaciones.

Se da también la circunstancia, según se desprende del mismo informe, que existen 153 nombres de personas repetidas con distinto DNI (errores tipográficos) que han presentado un total de 875 alegaciones, y 247 casos de usuarios con DNI mal que han registrado 1.540 alegaciones.

Personas fallecidas

Esta comisión se celebra a raíz de la denuncia pública realizada a principios del pasado mes de abril por el Grupo Municipal Ganar Totana-IU, en la que se afirmaba que la Cebag, y en concreto su presidente, registró alegaciones al plan utilizando la identidad de personas fallecidas, algunas desde el 2008.

También se manifestaba que decenas de vecinos habían puesto en conocimiento de este grupo, que se habían utilizado sus nombres y el de sus familias, incluso de menores de edad, para presentar alegaciones en el registro de entrada con el desconocimiento de los mismos.

El Pleno acordó tomar medidas para que se investigasen los hechos y se aclarase la autoría de éstas por si hubiese una posible manipulación con el fin de dar traslado al órgano judicial correspondiente para depurar cualquier responsabilidad judicial.