Hace tres años entró en vigor una de las leyes más represivas del Gobierno de Mariano Rajoy, más conocida como la “Ley Mordaza”. La norma, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, fue aprobada solo con los votos del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro en la cámara, mientras que el resto de grupos expresaron su intención de derogarla si había un cambio en la mayoría parlamentaria.

“Entre las medidas contempladas en esta Ley todavía en vigor, son sobre todo dos las sanciones que han despertado el malestar y el rechazo social, ya que constituyen una vulneración de las libertades y ponen en riesgo las movilizaciones sociales que se han ido acrecentando durante la crisis económica en protesta a las políticas de recortes.” Aseguran.

Una de ellas es la paralización de los desahucios. Aquellos que intenten paralizar un desahucio, estarían incumpliendo dos normativas: la relativa a "impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales" y la que hace referencia "a la desobediencia o la resistencia a la autoridad". Ambas multadas con una sanción económica que oscila entre los 600 y 30.000 Euros. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca alega que de de esta forma "castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta de aquellos que intentan paralizar el desahucio".

“De primera mano contamos con ejemplos de lo que esta Ley Mordaza ha supuesto y de cómo los Delegados de Gobierno de turno se han afanado en su aplicación sin contemplaciones, como es el caso de la marcha pacífica contra la violencia machista que tuvo lugar en Totana y que culminó con una sanción hacia la concejala de Igualdad por orden de Francisco Bernabé, el caso de la Plataforma Pro-soterramiento de Murcia que acumula más de 50.000€ en sanciones, o las intervenciones en las concentraciones pacíficas de los vecinos y vecinas afectados/as por el trazado del AVE en el municipio.” Afirman desde Ganar Totana.   

Entidades como Amnistía Internacional se suman a la petición de la derogación de esta ley alegando que constituye “una violación de derechos” ya que “ha tenido como resultado decenas de miles de multas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información.” En estos tres años de Ley Mordaza, se han impuesto alrededor de 45.000 multas tan solo por faltas de respeto a la autoridad. Este precepto otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración y deja aún más en evidencia que esta norma provoca indefensión, desmoviliza, persigue y criminaliza a activistas, periodistas y movimientos sociales que lleva a cabo acciones de protesta pacífica.