El Ayuntamiento de Totana va a trabajar en los próximos meses en la elaboración de una ordenanza municipal de Educación y Civismo, que fue aprobada, por mayoría, por el pleno el pasado mes de julio, con el fin de conmutar sanciones pecuniarias por servicios a la comunidad, estando exentas las sanciones de tráfico y urbanísticas, y conductas reincidentes, entre otras.

El primer teniente de alcalde, Juan José Cánovas, artífice de esta iniciativa, ha explicado que en algunas ocasiones las sanciones económicas no son siempre la mejor forma de concienciar a los infractores sobre las consecuencias de sus actos.

Sobre todo, cuando se trata de sanciones a menores de edad, los trabajos a la comunidad pueden ser la mejor estrategia a la hora de responsabilizar a los autores de las faltas cometidas, ya que en la mayoría de los casos son los padres y madres quienes se hacen cargo del pago de la sanción, lo que también supone un agravio para las familias con escasos recursos económicos o en situación de exclusión social que tengan que hacer frente a estas sanciones económicas, agravando aún más su situación.

La posibilidad de imponer estas sanciones conlleva diferentes consecuencias positivas, como evitar la desproporcionalidad de la sanción pecuniaria respecto de la infracción cometida, hacer que la sanción recaiga sobre el autor material, al tiempo que supone la sensibilización sobre el cumplimiento de las normas y la reparación del daño causado.

Además, estos trabajos supondrán un beneficio general para la comunidad, y la realización de cursos de formación obligatorios, un enriquecimiento cultural, social, humano y pedagógico sobre la persona que ha infringido la norma.

Según recoge la proupesta, podrán acogerse a esta medida, personas mayores de edad o menores con el consentimiento de sus padres o tutores legales y se considerará trabajo en beneficio a la comunidad la prestación de servicios de actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo.

Ahora se va a trabajar en la orden para que se proceda a convocar un equipo técnico y jurídico para el análisis de la normativa jurídica aplicable y realización de un informe de inicio previo a la elaboración de la ordenanza.

También se sugiere que las concejalías de Seguridad, Bienestar Social, Servicios e Infraestructuras y Juventud elaboren planes de formación para la selección y correcto desarrollo de los trabajos comunitarios que se establezcan en la ordenanza.

Por último, se va a establecer un modelo que contemple de forma expresa y clara la posibilidad de solicitar, de forma voluntaria, como alternativa a la sanción económica la conmutación de la sanción por trabajos a la comunidad; así como propiciar acuerdos con las distintas ONG´s y entidades sin ánimo de lucro con las que colabora el Ayuntamiento para la participación de los infractores en sus programas sociales.