El Ayuntamiento de Totana ha instado a la Comunidad Autónoma y a la Federación de Municipios y Provincias a la adopción de medidas concretas que posibiliten las condiciones favorables para la elaboración de un Plan de Retorno de Emigrantes de Totana y la Región de Murcia, dando respuesta a un acuerdo plenario del pasado mes de abril que se acordó por unanimidad.
La iniciativa municipal insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a cuantificar la cifra real de personas emigradas y que se tenga en cuenta en la elaboración de los presupuestos autonómicos con el fin de que los servicios públicos puedan absorber la demanda y necesidades de toda población.
De igual modo, se ha pedido a la Comunidad Autónoma para que dote y ejecute el presupuesto designado al retorno de los murcianos emigrados; así como la creación, en virtud de la financiación de programas, de Oficinas Locales de las personas emigradas y retornadas, dada la ingente necesidad de información fácil y accesible que se precisa en todo el proceso de retorno.
La propuesta del Consistorio totanero recoge que estas Oficinas Locales deberían garantizar la información para las condiciones y requisitos de retorno dignas; habilitar un canal de comunicación entre las personas emigradas y retornadas; y campañas de difusión del calendario de voto rogado.
Además, el Ayuntamiento ha instado a la Federación de Municipios y Provincias a elaborar un estudio de diagnóstico de la situación actual y un análisis emigratorio, implementar el asesoramiento a las personas emigradas o retornadas y crear un consejo de emigrantes y retornadas, que cuente con canales de participación continuada en las políticas municipales de manera directa.
Desde hace un tiempo, al discurso de la recuperación económica del Estado español se ha ido asociando peligrosamente la idea del retorno, fomentada sobre todo por algunas iniciativas empresariales y Planes de Retorno. Desde diferentes colectivos representantes de la emigración, se ha mostrado una oposición firme a este discurso, ya que ni las estadísticas indican que se esté produciendo un proceso de retorno generalizado, ni las condiciones socioeconómicas que propiciaron la emigración española han cambiado.
Es un problema que afecta a municipios como Totana, que durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70 sufrió una emigración masiva de totaneros y totaneras hacía Francia, Bélgica, Alemania y otros países de la actual Unión Europea y también dentro de España, a Cataluña o Madrid.
Los planes de retorno elaborados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tenido un alcance muy limitado. Aunque el artículo 42 de la Constitución Española establece que "el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno", y el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior capacita al Estado para promover políticas de retorno en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, durante los años en los que el flujo migratorio hacia el exterior era más elevado (2011-2015), apenas se propusieron planes de retorno por parte de las administraciones públicas.
De hecho, la mayor parte de estos se han desarrollado en el periodo 2015-2018, es decir, 8-10 años después del inicio de la última oleada migratoria, que comenzó en 2010.
Estos Planes de Retorno (PR) han tenido un fuerte componente de retorno selectivo: la mayor parte de los planes se han dirigido a personas jóvenes, con un nivel de formación alto y con voluntad de emprender.
Sin embargo, hay muchos más perfiles de personas que desearían retornar y que no tienen el perfil indicado. Los PR acometidos hasta la fecha han estado basados en ayudas económicas y, en la mayor parte de los casos, consisten únicamente en ayudas públicas a la contratación de los emigrantes en empresas.
Del mismo modo restrictivo, sólo han estado basados en las inscripciones consulares. La mayoría de los PR han contemplado que para que una persona pudiera acogerse, debería demostrar que ha vivido un tiempo determinado en el exterior mediante la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes o en el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior de la delegación consular correspondiente en el país de acogida. Esto es un problema si tenemos en cuenta que muchas de las personas que viven en el exterior no se inscriben en este tipo de censos.
Como tampoco han tenido en cuenta participación de las personas emigrantes en la elaboración previa de estos planes. Pocos planes han partido de la realización previa de estudios acerca de la situación de la emigración y sus demandas; más bien han promovido la realización de este tipo de estudios como una parte más de los planes. Ni tampoco se han realizado campañas informativas en el exterior y la publicidad que se le ha dado a los mismos ha sido escasa e inapropiada.
Por último, como norma general, estos planes no han estado unidos al desarrollo de leyes para favorecer las condiciones de retorno de la emigración. La mayor parte de los PR desarrollados a nivel autonómico y municipal han sido medidas cerradas en sí mismas, que no han tenido en cuenta las condiciones laborales, económicas, de acceso a servicios públicos existentes en el territorio para favorecer el establecimiento definitivo de los emigrantes una vez que hayan retornado. Ligado a ello, han considerado el retorno como una cuestión personal, no de la sociedad en su conjunto.
El enfoque del que han partido considera que se dan las condiciones para retornar, y que si la gente no lo hace es porque no está informada, o porque desconfía, o porque nadie les ayuda. Dicho enfoque se ha demostrado erróneo: es necesario elaborar planes de retorno, pero es más necesario aún poder asegurar unas condiciones de retorno favorables.