Factores nada nuevos acompañados por la última crisis económica que se cebó en la vivienda y de la que no acabamos de salir cuando ya estábamos inmersos en otra de carácter económico-sanitaria, como el desempleo, la inmigración, el aumento de la población o la caída de los sueldos acompañada de la subida de los precios del alquiler o la compra han dificultado el acceso a la vivienda a gran parte de la población española durante los últimos años. Una solución para hacer frente a este problema, nada nueva tampoco, sería el impulso decidido a nivel nacional de las viviendas sociales desde las diferentes administraciones: inmuebles PROPIEDAD DEL ESTADO o de un MUNICIPIO que se alquilan a precios asequibles a personas con escasos recursos. Los fondos buitre iban a temblar.

En España empezaron a crearse en 1911 con la ‘Ley de las casas baratas’, que se mantuvo durante casi 20 años. El fenómeno volvió a tomar importancia a partir de los años 50. De hecho, según el estudio ‘El parque público y protegido de viviendas en España, un análisis desde el contexto europeo’, entre 1957 y 1989 se terminaban más de 100.000 viviendas de protección oficial CADA AÑO. Sin embargo, en 2018 los titulares o solicitantes alertaban: la construcción de estas viviendas había caído en los últimos años hasta niveles de los años 50, a pesar de que había más de 400.000 solicitantes y más de un millón y medio de personas cuyos ingresos no les permitían acceder a las viviendas del mercado libre. En todo el año 2018, se construyeron alrededor de 3.500 casas. Diez años antes, en 2008, se entregaron las llaves de 63.292.

En el negocio de la vivienda protegida, se da la paradoja de que las administraciones públicas son los mayores propietarios de suelo, pero no lo promueven argumentando mil excusas. Qué los "ocupas" se metan en casas cerradas de bancos, no dejaría de tener su cierta gracia y justicia divina si con el tiempo no pagasemos todos sus clientes, ricos y menos ricos esos asaltos a propiedades que se quiera o no, son privadas pero que se metan en la casa de un trabajador. Eso no tiene perdón ni divino ni humano ni excusa alguna y los culpables directos de ello son las diferentes administraciones públicas a todos los niveles por su descarada dejación de funciones. Cierto es como dicen algunos políticos y sus acólitos de qué la culpa es el sistema y cierto es también que ellos mismos forman parte de ese sistema y pudiendo, no hacen nada para mejorarlo.

La cartera de "clientes" de las administraciones públicas suele proceder de cesiones de suelos de todo tipo que promotores y propietarios privados tienen que reservar en virtud de porcentajes establecidos dentro de los planes urbanísticos sin control alguno sobre el precio final para los profesionales de la construcción. Lo lógico sería, que las propias administraciones promovieran para constituir sus parques públicos de vivienda ‘social’ para venta o alquiler, protegiendo así a los más desfavorecidos. O en su defecto, que vendieran o cedieran el suelo a la promoción privada o a cooperativas de vecinos y negociasen precios y condiciones asequibles cara al comprador final. En la práctica, ni lo uno ni lo otro. La razón estriba, en que la Administración, en general con mentalidad económico-liberal, no es capaz de quitarse el mantra de que vender o CEDER esos suelos no es DESPATRIMONIALIZARLA, sino darles utilidad social y estar reinviertiendo en la comunidad y en la calidad de vida de todos los españoles. Como por otra parte refleja nuestra propia Constitución.

El sector estima que se necesitan 2,5 millones de viviendas con algún tipo de protección, un millón de forma inmediata (objetivo 2035) y, el resto, a más largo plazo (objetivo 2050), para lo que resurge con fuerza la idea de la colaboración público-privada. Según los datos del Ministerio de Fomento, en el 2018 se acabaron 5.167 unidades, un 92% menos de las 68.587 que se construyeron en el 2008, hace una década, y en 2019 apenas alcanzaron las 5.000 casas. Desde 1960 hasta el momento actual, los siete millones de VPO existentes en España prácticamente se han esfumado por su reconversión al mercado libre al expirar los plazos.

¿Se puede trabajar desde las corporaciones locales en atajar esta demanda enquistada de viviendas o solo es competencia de las autonomías y del Estado dentro de esta maraña de gobiernos, gobiernitos y gobiernetes y de sus diferentes y algunas veces contradictorias legislaciones?. Pues pongamos un ejemplo práctico:

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2018 el Plan Municipal de Vivienda 2019-2023 que recoge 20 medidas concretas para el desarrollo de las políticas de vivienda con una inversión pública y privada de unos 318 millones. Para la ejecución de este proyecto el presupuesto de EMVISESA (la PROINVITOSA sevillana) asciende en 2020 a 42.540.311 euros. Se deduce que la gestión de ambas empresas a vista de pájaro y cada una a su nivel, dista mucho de ser similar y de haber alcanzado los mismos objetivos.

Estas 20 medidas se pueden dividir en dos bloques:

1. Medidas para incrementar el parque de viviendas asequibles y sociales en la ciudad con el objetivo de alcanzar las 3.500 y una inversión público privada de 280 millones.

2. Los programas de ayudas sociales y a la rehabilitación de viviendas con un presupuesto de unos 38 millones de euros.

Dentro de esos bloques habría que destacar:

1. Reactivación de las políticas de promoción de vivienda privadas a través del programa de viviendas de alquiler asequible. El objetivo es alcanzar las 1.000 viviendas desarrolladas por promotores privados.

2. La promoción de VPO y vivienda pública social.

En total, entre promoción de nueva planta y procesos de rehabilitación el objetivo es superar las 1.000 viviendas públicas nuevas en alquiler o en venta con una inversión superior a los 100 millones de euros.

Para la ejecución de esta fase está programado para 2020:

- Inicio de la promoción de las 552 viviendas en alquiler que cuentan ya con financiación a través del Banco Europeo de Inversiones y del ICO. Los diseños se han realizado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

- Licitación de proyectos para 86 viviendas y 50 alojamientos intergeneracionales en Cisneo Alto, García Ramos y Calle Sol.

3. Intervención sobre la vivienda vacía.

Nuevo programa para la adquisición de viviendas vacías a través de un crédito obtenido en el ICO: El objetivo final del plan es adquirir 550 viviendas en cinco años y una inversión total de más de 14 millones de euros.

4. Rehabilitación

Se avanzará en los proyectos de rehabilitación de los Pajaritos y Tres Barrios. En esta zona se prevé actuar en estos cinco años sobre un total de 300 viviendas con una inversión de 21 millones de euros.

5. Nuevas fórmulas

En este plan queremos abrir la puerta en Sevilla al desarrollo de proyectos de cooperativas de vivienda protegida en suelos municipales a través de procesos de licitación abierta. En esta estrategia nos planteamos un objetivo de tres proyectos de cooperativas que se puedan desarrollar y que puedan alcanzar en torno a las 400 viviendas.

Si los políticos de Totana no se hacen responsables y se centran seriamente en cerrar un PGOU acorde con estos objetivos sociales y no de particulares y en reducir una deuda faraonica que ellos mismos han ido generando a lo largo de los últimos 20 años (porque literalmente son los mismos) para asi poder invertir y participar en políticas sociales de vivienda en los próximos años, que ya hemos perdido bastantes. El problema de la vivienda irá en aumento y llegará un momento, ya está ocurriendo, en el que ni jóvenes ni mayores podrán acceder a una vivienda pero a mayor y más sangrante escala, con todos los problemas que de ello se derivan.

¿Será también con el tiempo achacable todo este problema de la vivienda al fascismo reinante en Totana y a la falta de solidaridad de los totaneros?. Bueno si me pongo, hasta podría argumentarles perfectamente que sí, por supuesto. El papel lo aguanta todo pero esta critica política no va dirigida al Gobierno local actual en particular, sino a todos el general.

Carrillo.

Responsable de #accióntotana

(La casa de la foto también se puede ocupar si les hace falta. Esta sí que es de todos los totaneros).