La Policía Local hace balance de las actuaciones desde que comenzó la pandemia mundial hace más de un año, cuyas actuaciones han estado condicionadas por la evolución de la ésta provocada por el COVID-19, según informan fuente de la Jefatura de este Cuerpo.

Desde la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de decreto del Estado de Alarma, y hasta su finalización, las Policías Locales pasaron a depender del Ministerio del Interior, en cuanto a las funciones y misiones para evitar la propagación del COVID-19, recibiendo las órdenes e instrucciones a través de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

El Real Decreto fue desarrollado, completado y modificado posteriormente por cientos de órdenes de diferentes ministerios, principalmente del Ministerio de Sanidad, que se fueron implementando en el municipio de Totana, bajo el paraguas de la Junta Local de Seguridad, donde se ha creado una Comisión de coordinación local (Mesa de Coordinación Local) formada por el Alcalde, el Comandante de puesto de la Guardia Civil y el Jefe del Cuerpo de la Policía Local, de cuyas reuniones levanta acta el Secretario General del Ayuntamiento.

Las principales actuaciones realizadas han sido vigilancias y controles en las vías públicas en relación con la libertad de circulación y motivos no autorizados de la misma, la vigilancia y control de las medidas sanitarias en los establecimientos en los que estaba permitida su apertura y control de los vecinos en aislamiento domiciliario (cuarentenas), sobre todo de los sospechosos de incumplimiento.

Hay que distinguir dos fases:

La primera,  el Estado de Alarma: desde el 14 de marzo hasta  18 de junio.

La segunda, : la fase de reactivación: desde 19 de junio, en la que se dejó de depender del Ministerio del Interior, y las medidas de prevención  y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, están siendo desarrolladas a través de órdenes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia principalmente, y los límites a la libertad de circulación en horario nocturno y las restricciones de entrada y salida de los municipios, y dfe la Región de Murcia, a través de Decretos del Presidente de la CARM, donde actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma en esta nueva fase. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Local y Guardia Civil) en el municipio  de Totana siguen coordinándose a través de la Mesa de Coordinación Local creada en la fase anterior.

Desde la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de decreto del Estado de Alarma, hasta el día 26 de marzo de 2021, la Policía Local ha realizado la apertura de 1.823 expedientes sancionadores por vulneración de la normativa relacionada con el Covid-19.

En el Estado de Alarma, desde el 14 de marzo al 21 de junio, se controlaron alrededor de 18.000 personas, a pie o en vehículos, y la Policía Local propuso la apertura de 565 expedientes sancionadores por vulneración de la LO 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana.

En la segunda fase, desde la publicación del DL 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Policía Local ha propuesto hasta el día 26 de marzo de 2021 la apertura de 1.258 expedientes sancionadores por vulneración de este Decreto, siendo los conceptos de las denuncias los siguientes:

 Las sanciones por las infracciones oscilan desde los 100 euros hasta los 3.000 euros, caso de las leves, entre 3.001 euros hasta los 60.000 euros, caso de las graves, entre 60.001 euros hasta los 600.000 euros, caso de las muy graves.

En relación con la vigilancia de los cumplimientos de cuarentenas, de las que los  Policías Local son informados a través de la Delegación del Gobierno, los Centros de Salud de Totana, o los rastreadores, se han controlado a más de 600 personas, a través de visitas en los domicilios, y se han abierto 21 expedientes sancionadores por incumplimientos de las mismas. En los casos de incumplimiento de la cuarentena, siendo caso activo de COVID, la multa oscila entre los 3.001 euro hasta 60.000 euros.

A los titulares de actividades se le han abierto 41 expedientes sancionadores, la mayoría a establecimientos hosteleros. Entre los motivos están: uso inadecuado de la mascarilla por parte del trabajador, o permitir el  mal uso de la misma a los clientes, exceso de aforo, permitir el consumo en interior estando prohibido, permitir el consumo en la barra o en ventanal exterior, incumplimiento del horario de apertura, tener la terraza cerrada con más de dos paramentos verticales, no cumplir la distancia de seguridad entre clientes de diferentes mesas, exceder del número máximo permitido de no convivientes en una mesa o permitir fumar en la zona de terraza.

En los casos que se ha observado por parte de los agentes un incumplimiento de la normativa con riesgo grave de contagio, se ha procedido a la suspensión cautelar de la actividad, procediendo al precinto del local, hechos que han sucedido en 4 establecimientos hosteleros y en 2 comercios de comestibles, uno de ellos con una peluquería anexa.