Para CEBAG la nueva ley del suelo agrava las previsiones del PGMO de Totana sobre la situación de miles de viviendas y decenas de empresas cuyas instalaciones y actividades que quedarían fuera de ordenación así como del suelo protegido inadecuado
La Confederación de empresarios del Bajo Guadalentín (CEBAG) ha analizado el contenido de la proposición de ley del suelo que el PP pretende aprobar en la Asamblea Regional antes de final de mes y considera que resulta, cuanto menos, sospechoso e irregular que una ley que pretende ordenar el territorio y el suelo de la Región y que establece los principios y las bases del modelo estratégico de desarrollo económico de la Región para las próximas décadas, se haya tramitado sin transparencia y con la participación de solo algunos colectivos vinculados al sector de la construcción, y que se pretenda debatir con las entidades públicas y privadas interesadas, en el plazo de solo dos o tres semanas. Y excluyendo además del proceso de consulta a instituciones tan importantes como el Comité Económico y Social (CES) de la Región o al Consejo Jurídico de la Región; entidades que aseguran tanto la participación pública como la legalidad y seguridad jurídica de las disposiciones y leyes de carácter regional, según valoran desde CEBAG.
Cebag, que está integrada en CROEM, se muestra sorprendida porque la Confederación de todos los empresarios de la Región, no haya sido consultada ni conociese los términos de la proposición de Ley del Suelo, hasta una reunión celebrada con el Consejero Bernabé el pasado miércoles, en la sede de CROEM, en la que participó el Presidente de CEBAG; a solo dos semanas de su posible aprobación por la Asamblea Regional.
Desde CEBAG consideran que el objetivo de esta ley, y sobre todo la urgencia en su tramitación y aprobación, más que a motivos de interés público y general, responde a los intereses concretos de algunos colectivos y proyectos concretos, que es dudoso se correspondan con el interés público de la Región y con el interés general del conjunto de los ciudadanos, y particularmente con los intereses de los empresarios del Bajo Guadalentín.
Desde CEBAG se muestran también muy preocupados porque el proyecto de ley no solo no resuelve la grave situación de miles de viviendas e instalaciones que planteaba el PGMO, aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Totana el pasado Noviembre, sino que se agrava esa situación al establecer la nueva ley –ahora en sus artículos 112 y 111 (fuera de ordenación y usos y obras provisionales)-, que en estas edificaciones fuera de ordenación, tanto de carácter de vivienda o instalaciones industriales o comerciales, “no podrán realizarse en ellas obras de modernización” salvo que se autoricen excepcionalmente como usos u obras de carácter “provisional”, siempre que “el titular deberá comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las obras e instalaciones, cuando el Ayuntamiento motivadamente lo
solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado”, además de establecer que “… lo que se inscribirá en el registro de la propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria”. Lo que sin duda –opinan desde CEBAG- supondría una hipoteca o una expropiación de hecho para miles de Totaneros y para cientos de miles de ciudadanos de la Región, que puedan ser propietarios de viviendas o de instalaciones comerciales o industriales en situación irregular o fuera de ordenación. Y esto –añaden desde CEBAG- podría tener efectos catastróficos para los intereses de miles de ciudadanos o empresas, cuya solvencia y valor de sus bienes, a efectos de mantener o solicitar un crédito bancario, sufrirían una evidente disminución al ser propietarios de unas fincas y actividades que se inscriben en el Registro, con la nota de que pueden ser demolidas o suspendidas “renunciando expresamente a ser indemnizado” y que además “se inscribirá –por si los bancos no se hubiesen enterado aún- en el Registro de la propiedad”.
Desde CEBAG se considera también que hay otros aspectos en la nueva ley que perjudican los intereses de miles de totaneros, porque en el proyecto de PGMO de Totana aprobado por el pleno de Noviembre, se reclasificó de urbanizable a protegido inadecuado entre el 15-20% del suelo del municipio, para supuestamente poder justificar la ejecución de las 20-25.000 viviendas previstas en los convenios. Pero ahora el nuevo proyecto de ley, establece en su artículo 95, que solo podrá hacerse la edificación de una vivienda unifamiliar en suelo inadecuado en 10.000 m., “… siempre que sea zona de regadío”, lo que –aclaran desde CEBAG- solo es posible que se produzca en una pequeña franja de la zona de regadío oficial del trasvase, ya que, como todo el mundo conoce, en la amplia zona al sur del Río Guadalentín y al norte del trasvase, aunque se esté de hecho regando, no solo no se considera formalmente regadío, sino que hay decenas de expedientes sancionadores que afectan directa o indirectamente a varios cientos de agricultores, por estar cultivando tierras que se están regando desde hace varias décadas. Todo lo que –añaden desde CEBAG, supondría que los propietarios de fincas rústicas de la casi totalidad del término municipal, no podrían edificar sus viviendas unifamiliares ni en 5.000 m. ni en 10.000 m. y solo podrían hacerlo excepcionalmente en terrenos protegidos, a partir de 20.000 m. lo que podría pretender obligar a cientos de Totaneros a tener que renunciar al hábito de hacer su pequeña edificación en terreno rústico. Y ello les obligaría a tener que comprar alguna vivienda en alguna de las urbanizaciones previstas en los convenios, que probablemente han sido la causa de que su terreno sea reclasificado a protegido, manifiestan desde CEBAG.
Finalizan manifestando desde CEBAG que no han encontrado en otros municipios de la Región una situación similar a la de Totana, de que se pretendan dejar fuera de ordenación miles de viviendas y solares urbanos, situados en más del 90% de las calles de Totana. Si bien sí que hay una muy extendida preocupación entre diversas organizaciones empresariales de todos los sectores y puntos de la Región, sobre las consecuencias desastrosas que podría suponer dejar fuera de ordenación decenas de miles de empresas e instalaciones, que verían seriamente
condicionado el mantenimiento de su actividad, al dificultar no poder recibir ayudas públicas y rebajar su solvencia y valor patrimonial, al obligarle a que cualquier modernización o ampliación de su actividad o instalación fuera de ordenación, solo se podría producir a través de una licencia excepcional y provisional, que le obligaría a inscribir en el Registro de la Propiedad la renuncia a indemnización, en caso de requerírsele desde el Ayuntamiento, “la suspensión del uso (actividad) o la demolición de las obras e instalaciones”.
Finalizan desde CEBAG manifestando que, con independencia de otros muchos defectos insubsanables del texto del PGMO propuesto, el proyecto de nueva ley ratifica, sin lugar a dudas, que lo que se pretende aprobar por el grupo municipal del PP como si fuese una subsanación del PGMO de Totana, no es sino una revisión o modificación estructural del plan, que debería someterse a un procedimiento y trámite similar a un nuevo Plan General, que debería reiniciarse y aprobarse por la nueva Corporación municipal que sea elegida el próximo mes de Mayo. Y que, en caso contrario –añaden desde CEBAG- se impugnaría por la Confederación Empresarial, por la vía contenciosa ante la más que probable nulidad del plan que se pudiese aprobar.
