Acaba de celebrarse en Montánchez un Congreso sobre el despoblamiento en zonas rurales con el objeto de analizar la situación de muchos municipios que sufren pérdida de población y poner sobre la mesa posibles soluciones, como el impulso de medidas concretas que se incorporen en la planificación de las administraciones públicas, introduciendomedidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural de familias y empresas, iniciativas piloto o apoyar el papel de la mujer en los escenarios rurales y en la lucha contra el despoblamiento, así como a ayudar a Ayuntamientos y Diputaciones a la promoción del desarrollo rural, o la toma de consciencia social, empresarial y política que impulse la valorización del medio rural.
Si este es el remedio creo que se parte de un error en el diagnóstico, más grave si tenemos en cuenta que los asistentes provenían de la Administración Local.
La despoblación del rural se da por dos motivos, fundamentalmente: por un lado por la búsqueda de empleos distintos a los que este puede ofrecer, en cuyo caso será inevitable, y por otro para poder disfrutar de unos servicios que los pequeños Ayuntamientos no pueden prestar. Y aquí es donde está la clave.
El medio rural tiene posibilidades de empleo pero no puede ser a cambio de sacrificios de sus habitantes que ven como en lugares cercanos, de mayor población, disfrutan de unas prestaciones que los de los pequeños municipios no pueden ni imaginar. Si esas necesidades, en criterios del Siglo XXI, estuviesen cubiertas se frenaría ese trasvase, manteniendo su residencia donde tienen sus raíces. Por eso hay que empezar la casa por los cimientos y rediseñar la planta municipal de forma que todos esos pequeños Ayuntamientos, que ahora son incapaces por sí mismos de prestar esos servicios, se fusiones para crear otros con mayor capacidad económica.
El 60 % de los Ayuntamientos españoles tienen menos de 1.000 habitantes, de los que 3.800 no llegan a 500 y 470 ni tan siquiera a 50, con lo que parece evidente que será muy difícil que las medidas aprobadas en ese Congreso vayan a tener efectividad en ellos.
Además, de los datos oficiales sobre contabilidad municipal se desprende que en los Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios les cuestan a sus vecinos un 32,5 % más que a los que viven en otros entre 5.000 y 7.000 habitantes con una carta de servicios mucho mayor. Esto es así porque a aquellos les resulta más caro prestar los servicios básicos, entre ellos los servicios sociales, siendo, además, de mucha menor intensidad, y a mayores soportan unos gastos generales, y por lo tanto improductivos, prácticamente del doble que estos otros más grandes. Y la solución pasa inexcusablemente por aumentar el tamaño de los Ayuntamientos a través de la fusión, que a mayores les reportaría un incremento de hasta el 27 % sobre los recursos provenientes del Estado. Consiguiéndose con ella poner al servicio de los ciudadanos unas instituciones que sirvan con eficacia y eficiencia a las necesidades y exigencias que tienen en pleno Siglo 21, de forma que la mayor parte de sus recursos vayan a su redistribución en forma de prestación de servicios y a la reducción del volumen de gasto, consiguiendo con esto mejorar y aumentar el nivel de vida de sus vecinos.
Se trataría de hacer justicia social sin sacrificar la naturaleza de los Ayuntamientos, sino adaptándolos a la nueva realidad y de paso equipararlos a la mayoría de países europeos de nuestro entorno, que ya hicieron este proceso a mediados del Siglo pasado. No asumir esto es condenar a la población que no puede o no quiere abandonar los pequeños municipios rurales a la supervivencia a cambio de seguir manteniendo unas estructuras municipales absolutamente inoperantes y gravosas, tanto para el interés particular de esos vecinos como para el general de la propia Administración Local.
Alejandro de Diego Gómez
