Hace 34 años, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106 designó el 1° de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores, fecha que CCOO Y UGT venimos celebrando y reivindicando para obtener la visibilidad necesaria y destacar las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad y para crear conciencia intergeneracional sobre las oportunidades y desafíos del envejecimiento activo en nuestra sociedad.
Los cambios demográficos que comenzaron en las últimas décadas del siglo XX están transformando la composición social de la población española, la ausencia de una política de fomento de la natalidad (conciliación laboral y familiar, ayudas a las familias con hijos) caída de la fecundidad, aumento en la edad de formación de las familias, la ausencia de una política de viviendas sociales y la prolongación de la esperanza de vida, está dando lugar a poblaciones cada vez más envejecidas.
Los países del llamado mundo occidental albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo. En el año 2050 alcanzaremos la cifra de 1.100 millones de personas mayores. En España alcanzaremos casi el 20% de personas mayores de 65 años de una población de unos 48 millones de personas.
Hablar de envejecimiento en el mundo rural es hablar de soledad no deseada y falta de servicios para atender a la población. Es necesario la implementación del un plan nacional contra la soledad no deseada, con la creación de redes de apoyo, políticas de salud mental, mejorar las condiciones de las viviendas, las zonas comunitarias y las condiciones económicas.
Ante el envejecimiento de la población en las zonas rurales, la atención y los cuidados son elementos esenciales para asegurar la calidad de vida de las personas mayores residentes en esos núcleos poblacionales. También hay tener muy presente a las personas jóvenes, que son los que atienden y cuidan a las personas mayores, que necesitan unas condiciones de trabajo digno.
La pandemia de la COVID-19, ha servido para concienciarnos de la importancia de tener unos servicios públicos que garanticen el bienestar de toda la población, aunque no debemos obviar los retos que aún presentan, principalmente para las personas mayores, por eso urge resolver las numerosas carencias que tiene nuestro sistema de protección social.
Es necesaria la implementación de un plan nacional contra la soledad no deseada, con la creación de redes de apoyo, políticas de salud mental, mejorar las condiciones de las viviendas, las zonas comunitarias y las condiciones económicas
El sistema público de salud, la protección a la dependencia los servicios sociales, el sistema público de pensiones, etc. son elementos esenciales para que las personas podamos envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Son instrumentos necesarios para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida. Es necesario abordar las desigualdades territoriales existentes, así como la cobertura de servicios y recursos destinados para atender a las personas mayores.
La sanidad pública se encuentra bajo mínimos, asistimos a un debilitamiento consciente de la sanidad pública, la privatización y la falta de inversiones está llevando a esta a una situación insostenible. Exigimos incrementar la inversión en políticas de sanidad y especialmente en la Atención Primaria.
Las reformas del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social van en la dirección de asegurar a las personas que se jubilan unas pensiones dignas, que les permitan cubrir sus necesidades en el plano económico. Hay que seguir avanzando para mejorar las pensiones no contributivas, las pensiones mínimas e ir cerrando la brecha existente en las pensiones contributivas que perciben los hombres y las mujeres.
A esta brecha en las pensiones contribuye la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que tradicionalmente cobran salarios inferiores a los de los hombres a pesar de realizar el mismo trabajo. A la brecha de las pensiones también contribuye los diversos roles que desempeñan o han desempeñado los hombre y las mujeres en el cuidado de los hijos o familiares, siendo las mujeres principalmente, quienes cuidan de ellos en caso necesario.
Dentro de la Mesa de Dialogo Social, se firmó un acuerdo con el Gobierno para desarrollar y fortalecer el Sistema de Autonomía Personal de Atención a la Dependencia (SAAD). Este acuerdo supuso que, de forma permanente, una parte de los Presupuestos del Estado se dedicara a la financiación del SAAD. Con ello, en el año 2021 se incrementó esta financiación en 600 millones de euros acumulados, durante los años 2021, 2022 y 2023, lo que ha servido para subir las cuantías del nivel mínimo un 17,4% y la recuperación del nivel acordado.
La falta de implementación de recursos en las políticas de atención a la dependencia tiene un impacto negativo en las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores, mayoritariamente mujeres, que se ocupan de la atención de las personas dependientes.
El edadismo, o la discriminación por edad, es un fenómeno que afecta profundamente a las personas mayores. Es fundamental fomentar una cultura de respeto y valoración hacia la vejez, donde los mayores seamos vistos como activos y valiosos miembros de la sociedad. La educación y la sensibilización son herramientas clave para erradicar
prejuicios y estigmas asociados a la edad.
Por todo ello en el día 1 de octubre, las federaciones de pensionistas y jubilados de CCOO y UGT reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos lo siguiente:
l desarrollo e implementación de políticas públicas en materias de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, la falta de estas, afectan de manera directa al deterioro de la salud y a las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace necesario incrementar el gasto sanitario público hasta al menos, el 7,5% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario. Ese incremento en la financiación debe llevar aparejado el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total, para lograr acercar a la población los servicios sanitarios y dar más capacidad a la Atención Primaria.
Es necesario impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. También es necesario reconocer el esfuerzo que han demostrado durante la pandemia los/as trabajadores/as de las residencias y los servicios sociales, que han trabajado en condiciones muy precarias y para quienes se sigue teniendo la deuda de asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas. Para asegurar el modelo residencial que necesitamos, es imprescindible adaptar los protocolos de intervención orientándolos a una atención centrada en la persona.
3. La formación de las personas que cuidan, su dotación suficiente, mejorando las ratios actuales, la mejora de sus condiciones de trabajo, son elementos esenciales de la calidad de la atención que se precisa, Es necesaria la vigilancia de las Administraciones Publicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones de calidad, mínimas por cierto y que deben seguir siendo mejoradas, acordadas en el seno del Consejo Territorial del SAAD. Hay que disminuir el riesgo de que pueda haber conductas inadecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y el bienestar de las personas residentes.
Reclamamos que entre las prioridades políticas del Gobierno se contemple la necesidad de legislar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Esta ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores, contemplando los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultural y el ocio, la no discriminación por la edad o sexo y garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. Una ley que proteja e impulse la idea del envejecimiento activo como un logro obtenido por los avances científico-técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice mejor la calidad de vida.
os partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a las políticas de recortes, y más cuando hemos pasado, en demasiadas ocasiones, a convertirnos en sustentadoras principales, de las
generaciones más jóvenes, pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.
s necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida. Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorarla contribución fiscal, así como para lograr un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.
Para colectivo de personas mayores, de forma compatible con la valoración positiva de nuestro sistema de pensiones contributiva, el margen de mejora de las pensiones en colectivos significativos, es evidente.
Un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa (60% de la media de ingresos), más de un 28% si le sumamos las pensiones no contributivas.
Incluso un 8,19% de las pensiones están por debajo del nivel de pobreza severa (30% de media de ingresos).
Por ello, nuestra reivindicación de incremento de pensiones bajas, está más que justificado.
Enmarcado en términos de pobreza, el acuerdo firmado por los sindicatos con el Gobierno de restablecer el IPC como índice revalorizador de las pensiones y asegurar el nulo efecto de la inflación negativa, ha supuesto poner freno a la sangría continua de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Así como la desaparición del Factor de Sostenibilidad que actuaba como una espada de Damocles, pretendía rebajar las pensiones de manera creciente, hasta alcanzar el 20% de las personas trabajadoras en el entorno de los 20-25 años, para continuar aumentando el recorte incluso después, dejando a los futuros pensionistas en una situación límite, en el momento más vulnerable de sus vidas.
Precisamente para enfrentar este reto, el acuerdo de diálogo social para la reforma del sistema de pensiones 2021-2024 ha incluido una serie de medidas que en algunos casos se encuentran en fase de implementación. Destacan entre ellas el restablecimiento de la revalorización de pensiones ligado a la inflación, la garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas cuyas cuantías ahora estarán directamente determinadas por el umbral de riesgo de pobreza, o las medidas orientadas a reducir el impacto de la brecha de género (complemento de brecha, periodos reconocidos como cotizados, fórmula de integración de lagunas, etc.). La acción conjunta de estas y otras medidas resultan estratégicas para garantizar la suficiencia de las pensiones públicas y debemos ser especialmente vigilantes de su cumplimiento efectivo.
De la misma forma, el conocido como "factor de sostenibilidad" que vinculaba la cuantía inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida suponía un grave riesgo para la suficiencia de las pensiones de las generaciones más jóvenes de trabajadores y trabajadoras. Su supresión en la reforma 2021-2024 es una muestra más de que el sistema público de pensiones garantizará prestaciones equivalentes a todas las generaciones de población hoy y en el futuro.
onsiderar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano, y a la vez, como un reto para conseguir que durante que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia, se garantice la mejor calidad de vida.
El edadismo, es una forma de prejuicio que afecta negativamente a la salud y el bienestar de nuestros mayores. Para combatirlo, es necesario:
Implementar campañas de sensibilización que promuevan una imagen positiva del envejecimiento.
Fomentar programas intergeneracionales que favorezcan el intercambio de experiencias y conocimientos.
Eliminar barreras de edad en el acceso al empleo, la formación y los servicios públicos.
Nos seguiremos movilizando contra la pobreza energética, pues el precio de la luz es desorbitado. Por ello deberían implementarse medidas específicas para la población más vulnerable, tales como:
Desarrollar programas para la población, que por encontrase en situación de pobreza energética, no puede acometer ninguna medida de eficiencia energética y necesita de las administraciones públicas (Gobierno Central. gobiernos autonómicos y municipales) financien esas actuaciones.
Ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables.
Extender el plazo de moratoria a los cortes de luz para la población vulnerable.
Aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh.
Instamos al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos a priorizar las necesidades de nuestros mayores en sus agendas políticas. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar con acciones concretas que valoramos la sabiduría, la experiencia y las contribuciones de nuestros mayores.
El futuro de nuestro país será el que diseñemos hoy, y ese futuro debe incluir el bienestar y la dignidad de todas las generaciones. Trabajemos juntos para construir un país donde envejecer sea sinónimo de vivir con plenitud, respeto y seguridad.
Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo, llamando y concurriendo con el conjunto de la sociedad a participar en estas movilizaciones
